Foto: APG. / Maestros de Cochabamba en una de las movilizaciones.
LOS JUBILADOS DEL PAÍS SE ALISTAN PARA RECHAZAR LA ACTIVACIÓN DE LA GESTORA PÚBLICA
El magisterio reanudará sus protestas este martes, mientras que los gremiales y los choferes esperan que la Asamblea Legislativa Plurinacional deseche el proyecto de Ley 280 que “criminaliza la protesta social”.
Se avecina una nueva semana con movilizaciones en Bolivia y en La Paz, donde maestros, gremiales y choferes esperan respuestas del Gobierno a sus demandas de mayor presupuesto para la educación y la desestimación del proyecto de Ley 280 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Esta última norma criminaliza la protesta social bajo la figura de terrorismo, según los sectores.
Después de cuatro semanas de movilización, el Magisterio urbano de Bolivia, que el sábado no asistió el diálogo que convocó el ministro de Educación, Édgar Pary, reforzará esta jornada sus piquetes de huelga de hambre para exigir al Gobierno un mayor presupuesto, asignación de ítems, resolución al déficit histórico, congreso educativo y rechazo a la nueva malla curricular.
“Mañana (lunes) se van a sumar más piquetes de huelga de hambre y el martes tendremos una nueva movilización a nivel nacional”, confirmó José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio urbano de La Paz.
Complementó que los profesores de la sede de Gobierno desestimaron la última propuesta del Gobierno. “El consejo consultivo en La Paz rechazó el sábado la propuesta del Ministerio de Educación y en el interior se están reuniendo también las bases para analizarlo, pero se mantiene el estado de movilización”, precisó Álvarez.
Por su lado, el ministro Pary denunció la existencia de “una dictadura sindical” al interior del Magisterio, que de acuerdo con él “traba toda intención de diálogo”.
La autoridad apuntó que “no todos los maestros urbanos del país” coinciden con las protestas y luego mencionó que en Chuquisaca aplican multas a los maestros desde cinco bolivianos hasta 80 bolivianos por retrasos, inasistencia a marchas y asambleas.
Desde Santa Cruz, monseñor René Leigue pidió, durante la homilía de la misa de Domingo de Ramos,“un diálogo sincero” entre el Gobierno y los maestros urbanos para evitar un conflicto mayor.
Termina plazo de gremiales
Toño Siñani, secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, anunció ayer que el plazo de 72 horas que dieron al Gobierno, para que deseche el proyecto de Ley 280 Contra la Legitimación de Ganancias, terminará hoy y si la norma no es desestimada, el sector se movilizará a nivel nacional en los próximos días.
“Mañana (hoy) iremos a la Cámara de Diputados para ver qué respuesta nos dan a la carta de rechazo al proyecto de Ley 280, pero si es que lo van a seguir tratando, habrá movilizaciones a nivel nacional esta semana”, refrendó Siñani a Página Siete. La Comisión Mixta de Constitución y de Justicia Plural tiene previsto tratar el proyecto de ley este martes.
“Los gremiales logramos anular el proyecto de Ley 218 en 2021, ahora el proyecto de Ley 280 es el mismo, por eso si no lo desechan vamos a movilizarnos”, insistió Siñani.
La nueva norma “criminaliza la protesta social bajo la figura de terrorismo, es decir van a detener a los dirigentes que convocamos a marchas, pero además indica que van a incautar sus bienes, sus cuentas y demás”, reclamó Siñani.
Los gremiales anticiparon que harán alianzas con otros sectores, como los maestros y choferes, para formar un bloque contra esa iniciativa legislativa. “Bajo la figura de ganancias ilícitas nos van a querer procesar e incautar nuestros bienes”, reiteró Siñani.
El artículo 133 de dicho proyecto, al que tuvo acceso Página Siete, en el capítulo sobre “Terrorismo” indica que será sancionado con la privación de libertad “de 20 a 25 años y decomiso de bienes que sean producto o instrumento del delito, la persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, con el fin de subvertir el orden constitucional u obligar a un gobierno nacional”.
Preocupación en transporte
Entre los choferes asalariados de La Paz también hay preocupación por el proyecto de Ley 280. “Hemos pedido un informe a la Cámara de Diputados y estamos esperando aquello, porque cuando se anuló la 218 (en noviembre de 2021) les dijimos que se si pretendía presentar una norma similar, primero se debería socializar con los sectores”, indicó el dirigente Limberth Tancara, de la Asociación de Transporte Libre afiliada a la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de La Paz.
A los tres sectores se sumarán los jubilados que anunciaron una movilización para este miércoles “en contra de la Gestora, porque no tenemos ninguna confianza en esta empresa estatal que usará nuestros ahorros de jubilación”, indicó el dirigente Mario Delgado.