Foto: APG. / La expresidenta Jeanine Áñez.
El juez Israel Claros autorizó el inicio de la investigación penal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por las muertes de Sacaba de 2019 y requirió a la Fiscalía Departamental de Cochabamba cumplir con los plazos en este caso, porque ya lleva más de tres años y tres meses.
La posición se da en respuesta a la decisión de la Fiscalía de ampliar la investigación contra Áñez por los presuntos delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de asesinato por los hechos de violencia y muerte del 15 de noviembre de 2019.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de la decisión judicial y aseguró que el «derecho a la verdad es fundamental para las víctimas».
«Memoria, Verdad y Justicia. El Juez Israel Claros autoriza el inicio de investigación penal contra ex Senadora Jeanine Añez por la Masacre de Huayllani-Sacaba por los delitos de Genocidio y Asesinato en la vía ordinaria», informó en un post en Twitter, junto a la resolución judicial.
Claros aceptó la ampliación de la investigación y requirió a la Fiscalía «emitir resolución conclusiva de la investigación preliminar».
«Tomando en cuenta que el presente caso data, el inicio de investigaciones, desde noviembre del año 2019, es decir, a la fecha más de tres años y tres meses, del cual reviste ser complejo conforme los datos del proceso, en ese sentido, póngase a conocimiento de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, a los efectos de que asuma las medidas correspondientes para que los fiscales a cargo de la investigación cumplan con los plazos descritos dentro la normativa procesal penal», establece parte de la resolución firmada por Claros y fechada este 7 de marzo.
La masacre de Sacaba, como fue calificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la crisis de 2019, ocurrió el 15 de noviembre de 2019, a tres días de que Áñez tomara el poder.
Teniendo en cuenta el tiempo de la pesquisa, en el memorial se advirtió: «Una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales».
La expresidenta se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores, en La Paz.
/RI/Fuente: Los Tiempos