(La Paz, 16 de agosto 2021).- Policías y militares son los responsables de las torturas ejercidas a los afectados de Senkata en El Alto, Ovejuyo en La Paz y Sacaba en Cochabamba, y es deber del Estado garantizar y aplicar medidas de no repetición, informó el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI).
“Lo más importante son las garantías de no repetición y eso corresponde al Estado, porque no nos olvidemos que quienes ejercen esta tortura, los que han causado esta tortura y han causado las masacres (Senkata, Sacaba y otros) han sido funcionarios del Estado que son de la Policía y el Ejército”, sostuvo Carla Achá, psicóloga del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), institución que atiende a afectados de estos hechos ocurridos en 2019.
Agregó que una de las formas en que el Estado garantice que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir es formando y capacitando a funcionarios del ámbito judicial, policial y personal del Ejército.
Informó que el ITEI brinda atención médica y psicológica para la rehabilitación a un total de 96 personas, quienes sufrieron torturas y violaciones a sus derechos humanos en celdas judiciales y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de cuya labor emitieron un informe, el que fue presentado ante la audiencia de la Corte Interamericana en Honduras y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
“El informe lo estamos ampliando constantemente con la atención a personas afectadas y que son familiares de muertos, heridos y también las personas detenidas entre el 11 y 19 de noviembre de 2019, quienes han sufrido tortura durante la detención. Nosotros hemos podido evidenciar que son casos de tortura y tortura masiva”, dijo Achá.
Agregó que actualmente el ITEI atiende temas de secuelas médicas y psicológicas en personas que fueron heridas en Senkata, Ovejuyo de La Paz, y Sacaba de Cochabamba. “Hemos encontrado lesiones muy duras, a personas que han sido sometidas a posiciones incómodas por horas o han sido golpeadas por horas de manera sistemática durante la detención”.
Cerca de cumplirse los dos años de los hechos, indicó que los afectados continúan con dolores inexplicables. “Aunque ya haya sanado el tejido o curado las heridas, los dolores siguen, entonces las secuelas que puedan dejar este tipo de torturas pueden durar años y no recuperarse, eso a nivel físico”. Afirmó que las secuelas psicológicas son mayores porque las personas quedan afectadas en su confianza hacia la vida.
Destacó que los afectados exigen que el Estado cumpla con la reparación de los fallecidos, heridos y torturados, no solo en términos económicos sino también con una restitución que garantice que vuelvan a la situación que tenían antes de los hechos vividos.
“Quiere decir que físicamente y psicológicamente ellos puedan volver a ser hábiles, y en caso de lesiones, amputaciones u otro tipo de secuelas, que ellos puedan adquirir nuevas habilidades para poder desenvolverse de manera autónoma”, apuntó.
“Corresponde una indemnización económica también porque ellos han hecho gastos en atenciones médicas, en abogados; esto ha llevado a que se endeuden y que vendan bienes”, agregó Achá.
En cuanto a las medidas de no repetición y la capacitación de funcionarios, Achá invitó al curso de especialidad “Prevención de tortura, protección de los derechos humanos y rehabilitación de personas afectadas”, que brindará el ITEI en alianza con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), dirigida a profesionales, operadores de justicia y personas relacionada con esta temática.
Indicó que el objetivo de esta formación es capacitar en estándares nacionales e internacionales sobre el combate contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el marco del Sistema Interamericano como del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, para contrastarlos y complementarlos con la normativa boliviana, “y visualizar la tortura y los malos tratos no solamente como delitos, sino como violaciones de derechos humanos que deben prevenirse, investigarse sancionarse y repararse, dentro de las competencias constitucionales”.
La información sobre el curso de postgrado, que empezará la presente semana, se encuentra en la cuenta de Facebook del ITEI, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA y WhatsApp de la Facultad.
/RI/Fuente ANF