El Tribunal Anticorrupción Primero de Sentencia condenó a 10 años de prisión en el penal de Obrajes, a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
La audiencia de juicio duró todo el lunes hasta la madrugada de este martes. La Fiscalía, las partes querellantes y la defensa plantearon sus alegatos en el proceso contra Zapata, exgerente comercial de la compañía china CAMC, que alegó inocencia y calificó el pedido del Ministerio Público como “injusto e inhumano”.
Esta es la primera sentencia contra Zapata entre otros procesos que existen en su contra. La mujer antes de recibir su condena y entre lágrimas se volvió a declarar inocente. “No me han demostrado corrupción. Ni he conocido a esa autoridad del ministerio (Presidencia) y hace tiempo que ya no tengo nada con el Presidente”, afirmó.
Añadió que “no sabía que recibir dinero de alguna pareja era delito o visitar a conocidos era delito”. Pidió ser absuelta de los delitos que le acusan. Sin embargo el juez Iván Perales dictó 10 años de reclusión.
CO-SENTENCIADOS
El Tribunal también encontró culpable a la coacusada Cristina Choque, exdirectora de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y le impuso una condena de 4 años en la cárcel de Obrajes, a pesar que la Fiscalía pidió ocho años.
Entre tanto, Jimmy Morales, chofer de la institución y por el delito de uso indebido de bienes, fue condenado a 3 años de prisión en la cárcel de San Pedro; Ricardo Abelardo Alegría a 2 años de cárcel; Carlos Marvin Ramírez a 2 años; y el exabogado de Zapata, Walter Zuleta a 3 años.
El juicio oral empezó el 17 de marzo del 2017, después de que la comisión de fiscales acusó formalmente a seis personas, al encontrar suficientes indicios para su procesamiento. El caso se abrió luego que Carlos Valverde el 3 de febrero del 2016 denunció un supuesto caso de tráfico de influencias que tocaba al presidente Evo Morales.
Zapata entonces era gerente comercial de la compañía China CAMC, que se había adjudicado millonarios contratos con el Estado boliviano. Para la oposición existía un claro hecho de tráfico de influencia por la relación que tuvo con el presidente Morales, con quien además se dijo en un primer momento que había tenido un hijo, un hecho que finalmente una jueza señaló que no había prueba de su existencia.
Fue detenida el 26 de febrero del 2016, imputada por enriquecimiento ilícito y enviada a la cárcel de Obrajes, aunque poco tiempo después la remitieron al penal de Miraflores.
De acuerdo a fotografías publicadas por revistas de sociales y farándula, Zapata vivía rodeada de lujos y ostentación en una mansión ubicada en un barrio residencial de la zona Sur, que perteneció al exministro de Gobierno del régimen de Hugo Banzer, Guillermo Fortún.
Aparecía como socia de empresas, compraba vehículos al contado y alegaba tener poder político para sus negociados con empresarios privados a los que, según la Fiscalía, prometía beneficios por su relación que decía tener con el Presidente.
Según el Ministerio de Justicia y en base a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la mujer movió 8,2 millones de bolivianos como propietaria de un departamento en Cota Cota, un lote en Mecapaca, otro terreno en Cochabamba, además de empresas unipersonal ZAMON IMPORT EXPORT, COSILIUM S.R.L. y como propietaria de una vagoneta.
DEFENSA-QUINTANA
La defensa de Choque, entre sus argumentos, aseguró que todas las actividades que realizaba en su despacho eran coordinadas con el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien fue designado como embajador de Bolivia en Cuba.
La exautoridad no fue incluida en la investigación, no obstante Zapata en marzo del año pasado lo vinculó con “palos blancos” y la firma de contratos con el Estado y otras empresas. Lo acusó de amenazarla y de manipular al Primer Mandatario. Luego la mujer dijo que nada era cierto y que había sido presionada por su exabogado Eduardo León para dar esas versiones.
La Fiscalía tampoco dio mayor información acerca de las pericias que se supone se harían a los teléfonos de Quintana, después que Zapata dijera que sostenía comunicación vía WhatsApp.
La defensa de todos los acusados pidió “sentencia absolutoria”, por supuestamente no existir pruebas de las acusaciones sobre ilícitos.
El abogado de Gabriela, Jorge Torrico, incluso calificó la investigación de la Fiscalía de “pésima”, porque no realizó una indagación financiera de la UIF ni pericia a la fortuna de Zapata.
Por su parte Jimmy Morales alegó que con él cometieron un abuso de las autoridades del Ministerio de la Presidencia porque actuó por órdenes del exministro Quintana.
LA PAZ/ RI-reporte ANF