(La Paz, 17 de diciembre 2021).- El presidente del directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS), Marco Salvatierra, anunció ayer que se realizará una auditoría a 8.602 contratos firmados entre 2019 y 2021 en todo el país. La medida fue asumida ante el escándalo por un segundo caso de negociados en la contratación de personal, que en el caso de la aseguradora confirmó 25 contratos fantasmas.
“Ya se firmó la nota, pedimos la auditoría de los contratos de la gestión 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. Se van a secuestrar las carpetas a través del departamento de auditoría y transparencia”, informó Salvatierra.
Detalló que hasta junio de esta gestión se tenía 8.602 contratos temporales, entre los que se halló, por el momento, 25 casos irregulares, dos en La Paz y 23 en Santa Cruz. Por un primer contrato fantasma denunciado en la sede de Gobierno ya se envió el miércoles a la cárcel a tres funcionarios de la CNS.
Señaló que ahora se ampliará la denuncia contra el exgerente general de la CNS (2020) Roberto Carlos Rojas Justiniano, el exjefe de recursos humanos (RRHH) Antonio Parada y personal de la unidad de dotación y del departamento jurídico de esa misma gestión. Salvatierra resaltó que la denuncia del primer caso se presentó a finales de octubre de este año y fue la Fiscalía la que demoró en la investigación.
Antonio Parada también fue jefe de RRHH en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y es el principal implicado en caso de los 800 ítems fantasmas que generaron un daño económico aproximado de 200 millones de bolivianos entre 2014 y 2018. Parada y su hermano, Guillermo, se encuentran prófugos y se sospecha que tramitan su estadía en Corumbá, Brasil.
Salvatierra explicó que el incremento de la contratación de personal temporal en 2020 se puede justificar por el aumento de contagios entre los médicos y enfermeras que atendieron la primera y segunda ola de la pandemia del coronavirus. Pero una vez que se implementaron medidas de prevención y las vacunas para mitigar los contagios, desde junio de esta gestión la contratación del personal eventual disminuyó a 5.700.
El primer caso de contrato fantasma detectado en la CNS lo reveló una auxiliar de enfermería que en enero de 2020 presentó su hoja de vida ante el entonces director de RRHH Alexander Hurtado, con el fin de lograr un puesto de trabajo. Pero la misma no recibió respuesta y no recogió sus documentos.
Y como no tenía una fuente laboral, la enfermera quiso cobrar el bono contra el hambre (por la pandemia del coronavirus) en octubre, pero la entidad financiera a la que acudió le negó el pago debido a que su nombre figuraba entre las personas que sí tenían un trabajo y que aportaba en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Salvatierra detalló que la enfermera presentó la queja ante la unidad de transparencia de la CNS, que a su vez lo denunció a la Fiscalía de La Paz. Según el informe, los funcionarios implicados generaron dos contratos con los documentos de la enfermera, el primero fue de marzo a mayo de 2020, se cobraron los sueldos de los dos primeros meses y se revirtió el salario del último mes.
Instructivo
En el caso de la enfermera, su nombre figura en el instructivo 2246 del 27 de febrero, emitido por el gerente general Roberto Rojas dirigido a Antonio Parada como jefe de RRHH a.i. en el que le ordena la contratación de dos licenciadas en enfermería y dos auxiliares para la ampliación de servicio en el Hospital Luis Uría de la Oliva. Se desconoce si los otros tres nombres también fueron usados para generar contratos fantasmas.
Un segundo caso es el de un médico al que le reportaron que tenía doble aporte a la AFP y al verificar se encontró que también figuraba como funcionario de la CNS, sin que haya firmado nunca un contrato.
Por el caso de la enfermera, el miércoles se envió a la cárcel -por seis meses- a tres implicados, y ayer los mismos prestaron su declaración sobre la denuncia del médico y se espera que se dé una segunda audiencia cautelar contra los tres sindicados.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró que al interior de la CNS existe una estructura que dio lugar a la generación de los 25 contratos fantasmas detectados y que al momento causaron un daño económico al Estado de 831 mil bolivianos. Auza también denunció que los documentos de Parada no fueron hallados en los archivos de la institución, por lo que considera que hay quienes aún quieren encubrir los hechos irregulares.
“Declaró personal de recursos humanos (RRHH) y el lunes también hay declaraciones programadas”, informó Rivera, que hizo seguimiento del caso en la Fiscalía.
El martes, los fiscales de Santa Cruz llegaron a la Alcaldía de Warnes para realizar allanamientos y secuestrar documentación sobre 47 contratos irregulares. Los presuntos hechos delictivos se dieron durante la gestión de la exalcaldesa interina Vanesa Uriona, ligada al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según los antecedentes del Ministerio Público, los sueldos de cada ítem fantasma en Warnes estaban entre los 8.000 a 9.000 bolivianos.
En relación al caso de los 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz, la Fiscalía instruyó ayer la anotación preventiva de 20 vehículos y 10 inmuebles que presuntamente pertenecen a los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca, principales implicados en la red de corrupción.
Entre los motorizados anotados hay modelos del año 96 hasta 2020. La fiscal Yolanda Aguilera indicó que uno de los delitos por que se investiga a Antonio y a Guillermo Parada es legitimación de ganancias ilícitas.