Los analistas políticos consideran que hay universitarios que han hecho de la dirigencia estudiantil una forma de vida para beneficiarse económicamente. El Legislativo inicia una fiscalización y universidades temen por su autonomía.
La estadía de Max Mendoza por 33 años en la universidad y su cuestionada dirigencia nacional de más de 10 años ha desatado nuevamente la polémica sobre los “dinosaurios” en las casas de estudios superiores. El hecho cobró relevancia la semana pasada después de la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad Tomás Frías, de Potosí, durante un congreso estudiantil. Otras 70 personas resultaron heridas.
Dos especialistas y autoridades universitarias coinciden que han convertido estos cargos en una forma de vida por los réditos económicos, políticos y una especie de “trampolín” para acceder a un cargo dentro de las universidades y hasta del Gobierno.
“A estos dirigentes no le interesa terminar una carrera porque tiene un modo de vida donde ganan más que profesionales en este país. Se quedan porque el sistema lo permite y acceden a recursos económicos, poder y posición social siendo dirigentes universitarios arriba de 50 años”, afirmó el analista político Paul Coca.
Desde el punto de vista sociológico, Wilmer Machaca ha observado de cerca cómo se administra la Federación Universitaria Local (FUL) en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Explicó que, si bien los dirigentes no reciben un salario, existen otros recursos con los que llegan a favorecerse, como el porcentaje de la matriculación anual, los aportes voluntarios por carreras, acceso a distintas becas, alquileres de ciertos ambientes a terceros, desembolso de proyectos que nunca llegan a concretarse, entre otros.
La falta de fiscalización al manejo de recursos económicos de los estudiantes y del Estado ha fomentado las malversaciones dentro de la institución.
En la mayoría de los casos, la administración de los recursos no logra revisarse por la falta de normativa y por el “espejismo” del cogobierno. Es decir, las asambleas no son convocadas para realizar una rendición de cuentas o en estos encuentros imperan las pugnas y camarillas que cansan a los universitarios.
“Yo recuerdo que en la gestión de Eduardo Caba se habló de la compra de buses, viajaron a México, dijeron que los buses ya estaban llegando, pero nunca aparecieron”, mencionó Machaca que también cursa la carrera de Ingeniería de Sistemas.
Los especialistas identifican que otro de los beneficios para mantenerse por años en el poder es “abrirse camino” para tener una fuente laboral, mediante contactos y aprovechando la burocracia al interior de la institución académica.
Estos estudiantes buscan acceder a una beca de trabajo por recomendación de una autoridad universitaria, como los decanos. Primero, ingresan como administrativos con un sueldo básico y van ascendiendo hasta obtener un nivel óptimo de vida. A esto les siguen los interesados en los réditos políticos.
Algunos ingresan a las carreras del área social y humana, pero nunca culminan sus estudios. Detalla que su finalidad es generar cuadros políticos dentro de la universidad porque afuera tienen vínculos con el magisterio o están siendo financiados por organizaciones internacionales como la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI).
Mientras tanto, otros tienen “mayor ambición” y apuntan a consolidar su trayectoria política en la universidad con el alto más cargo en la FUL para luego “saltar” al escenario nacional.
No solo serían los estudiantes que se benefician de estas dirigencias, sino los decanos que postulan para alcaldes o legisladores.
“Un claro ejemplo es Waldo Albarracín (ex rector de la UMSA) que intentó postularse a la Alcaldía. Usan a la universidad como un trampolín para que se puedan enquistar en un espacio de poder”, afirmó el sociólogo.
Este medio intentó conocer la versión del aludido, sin embargo, no contestó.
Algunos dirigentes estudiantiles que llegaron a ocupar un cargo en el Estado son Diego Salazar, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM); Eduardo Caba, del Movimiento Sin Miedo (MSM), y ahora Álvaro Quelali (MAS), ejecutivo de la FUL en tres oportunidades, cuya plancha postuló en las elecciones generales.
El Alto, Oruro y Santa Cruz
La situación de poder de los dirigentes en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) es más alarmante, ya que al tener voto universal el control recae sobre los universitarios.
Machaca reveló que existe un “fuerte vínculo” entre el rectorado y la dirigencia estudiantil para tranzar los puestos de docentes que en su mayoría son por invitación. Incluso existen denuncias contra estudiantes que cobraron porcentajes a los catedráticos.
Por otro lado, señaló que el voto estamentario en la Universidad Técnica de Oruro (UTO) permite tener un sistema equilibrado.
Mientras desde Santa Cruz, el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, afirmó que en la estatal no se da el caso de tener dirigentes “dinosaurios” porque las resoluciones y convocatorias del estatuto establecen que los estudiantes que llevan más de ocho años de estudios no pueden ocupar cargos dirigenciales.
Influencia política y pugnas
Para nadie es un secreto que las organizaciones políticas buscan tener representación dentro de la universidad boliviana y de esta manera imponer su ideología. En los últimos años se evidenció una fuerte presencia del MAS, pero de forma minoritaria también existe influencia de Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional, los extintos MSM y MIR, organizaciones de izquierda como URUS, Juventud Socialista e innegablemente la presencia internacional de la LOR-CI, LIT-CI y otros.
Esta mezcla de los vínculos políticos, el manejo de recursos económicos y el prorroguismo en el poder generan pugnas que ha provocado este mes la muerte de cuatro universitarias en Potosí. En marzo del año pasado por una asamblea en la Universidad de El Alto también se suscitó el fallecimiento de ocho estudiantes.
El último suceso ocurrió en Beni durante la elección de la FUL de la Universidad Autónoma José Ballivián (UABJB), en Riberalta, que desató enfrentamientos y discusiones entre estudiantes que denunciaron irregularidades en medio de uso de petardos y fuegos artificiales.
¿Cómo resolver esto?
El vicerrector de la Uagrm adelantó que llevará una propuesta de límite de permanencia de los estudiantes en las universidades estatales y también un reglamento con los requisitos que deben cumplir los que quieran ser dirigentes.
“Se debe aplicar la normativa para evitar esos abusos y la eternización y no dejar que avance nadie más. Llevaremos esta propuesta a Potosí en el marco del Congreso de Universidades. Nosotros ya confirmamos nuestra presencia”, informó a este medio.
La autoridad dijo que también es importante regular la edad y tiempo de estudio de ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), donde se generó el problema con Max Mendoza y otros dirigentes.
En este encuentro también se prevé renovar al presidium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) por las observaciones a los miembros.
El rector de la UMSA, Óscar Heredia, coincidió que la estadía estudiantil debe regularse.
Machaca dijo que al permitir que se queden por años es una estafa al Estado porque continúan recibiendo beneficios sociales como el seguro médico.
Aunque advirtió que existe un problema estructural, ya que algunos estudiantes no culminan en los cinco años porque trabajan o están sometidos a los horarios de los docentes.
Por su parte, Coca aseguró que la universidad estatal no es gratuita y la paga la población con los impuestos. Por lo tanto, debe existir una limitación a los estudiantes “eternos” y de ser necesario debe trabajarse en una intervención legislativa porque el sistema interno no funcionó.
“Una carrera promedio se tarda entre cuatro a cinco años, tiempo en el que un estudiante puede ser dirigente y pare de contar. Cuando egresa está próximo a graduarse y no debería ni dirigente por mandato de la ley”, sugirió el analista.
/RI/Fuente: El Deber