La presidente de la Comisión Especial Mixta que investigó el caso caso Odebrecht, Susana Rivero, expone en el pleno de la ALP. | Foto: @SenadoBolivia

(La Paz, 14 nov).– El informe final de la comisión legislativa que investigó en Bolivia los alcances del caso de pago de sobornos Odebrecht-Lava Jato detectó indicios que levantan sospechas sobre al menos nueve exfuncionarios, entre ellos el expresidente Carlos Mesa. Concluyó además que los pagos irregulares pasaron por cuentas de personas particulares, entre ellas dos amas de casa y sus familiares.

La presidenta de la comisión, Susana Rivero, expuso el informe elaborado con base en indagaciones locales y en la revisión de 10.036 fojas de documentos, gran parte de ellos correspondientes a la investigación que se realizó en Brasil sobre este asunto, denominada “Castillo de Arena”.

Dijo que lo que llama la atención de este trabajo es que las mismas personas que tomaron las decisiones más importantes sobre la construcción de las carreteras Roboré – El Carmen y El Carmen – Arroyo Concepción, encargadas a las cuestionadas firmas Camargo Correa y Odebrecht, fueron las que coincidieron con movimientos irregulares en sus cuentas bancarias y viajes a los mismos destinos con dos de los principales acusados de negociar los pagos por sobornos: Marcos de Moura Banderley y Jorge Barata.

“Hay cosas raras, inexplicables, demasiadas coincidencias. Las mismas personas siempre haciendo las cosas en estos tiempos”, observó la legisladora para luego dar paso a una extensa explicación del informe, en la que reveló los nombres de los nueve exfuncionarios con movimientos de dinero inusuales o sospechosos:

1.- Carlos Diego de Mesa Gisbert

Expresidente

2.- Carlos Eduardo Mario Morales Landívar

Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada

3.- Carlos Silvestre Alarcón Mondonio

Viceministro de Justicia y ministro interino de Obras Públicas en la gestión de Carlos Mesa

4.- Luis Carlos Jemio Mollinedo

Ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Mesa

5.- Calos Silvestre Romero Mallea

Viceministro de Energías Alternativas e interino de Obras Públicas en el gobierno de Carlos Mesa

6.- José Antonio Galindo Neder (+)

Ministro de la Presidencia en la gestión de Carlos Mesa

7.- Luis Humberto Landivar Pereira

Exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos

8.- Jorge Nicolás Peredo Flores

Exgerente General del Servicio Nacional de Caminos

9.- Mario Avelino Moreno Viruez

Ministro de Obras Públicas del gobierno der Eduardo Rodríguez Veltzé

Rivero dijo que, por ejemplo, en el año 2007, cuando se realizaron los pagos 13 y 14 de los más de 20 acordados por sobornos, hubo 8 coincidencias de movimientos “inusuales y sospechosos” de Carlos Mesa; 5 de José Galindo, Jorge Nicolás Peredo y Mario Avelino Moreno; y uno de Carlos Silvestre Romero, Carlos Alarcón, Luis Humerto Landivar y Luis Carlos Jemio.

Explicó además que se hizo el rastreo de una cuenta mencionada en el informe Castillo de Arena que hizo transferencias por 480.000 dólares y se descubrió que esos recursos llegaron a cuentas de dos amas de casa en un banco local en al menos tres movimientos, dos del American Express Bank de Nueva York y uno del American Express Bank Limited, también de Nueva York.

“El dinero llegaba a dos señoras, amas de casa, vinculadas, ambas, con la familia de un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, que no es parte de la investigación”, dijo Rivero. En el informe que presentó se muestra una infografía en la que se identifica a estas personas como “intermediarios”, aunque se revelan sus números de cédula de identidad, que en ambos casos fueron otorgadas en Santa Cruz.

La legisladora explicó que el dinero era depositado a estas cuentas y luego transferido a otras, de familiares, para luego llegar a sus destinatarios finales. Concluyó que era por demás llamativo que aparezcan sumas elevadas de dinero sin datos específicos de su origen en cuentas personales, por lo que consideró necesario comenzar una investigación desde el Ministerio Público.

El informe que presentó, en su parte conclusiva, recomienda al pleno aprobar el documento y luego derivarlo al Ministerio Público para que active una investigación con la colaboración de sus pares de Brasil y Perú.

/RI/Fuente: La Razón

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