Las pericias dan cuenta de una muerte violenta. La víctima vivía con su madre y padrastro, que ahora están aprehendidos a la par de los funcionarios de una funeraria y un oficialía de Registro Civil.
Los detalles de las últimas horas de vida del niño de 10 años de edad se mantienen en reserva. Lo cierto es que sufrió antes de morir a manos de su madre y su padrastro, quienes se disponían a enterrarlo.
Según la denuncia, Nélida Quisberth, la madre del niño buscó a su padre para que avale el certificado de defunción. La mujer contó que el niño cayó del techo, luego manifestó que sufrió un accidente en medio de un juego.
Juan Carlos Q. H., el padre de la víctima, no creyó en esas versiones y denunció el hecho en las primeras horas del martes.
“Su hijo ya tenía un certificado médico, que habría muerto por una asfixia, a partir de ahí se inicia una investigación por parte de la Policía”, señaló Del Castillo.
“El niño tenía dos surcos en la parte inferior y superior del cuello”, detalló el ministro.
Pero no era todo. Antes, la víctima había recibido una golpiza, que desató la tragedia.
“Este niño había muerto porque la madre habría procedido a darle una golpiza en la parte externa de la espalda y el niño golpea la quijada contra el suelo y luego proceden a realizarse una asfixia mecánica con un objeto que han encontrado en su casa”, reveló la autoridad.
Era una cuerda para salto, que ahora se constituye en una de las principales pruebas de este caso.
Celso Prudencio Mayta Condori también tuvo una participación clave para tapar el crimen. El firmó un documento “manifestando que el niño habría muerto por un paro cardiorrespiratorio secundario”.
“No era un médico, era un naturista”, reveló luego Del Castillo. Se identificaba como médico internista y medico cirujano y portaba sellos con esos títulos profesionales. Esta persona tiene antecedentes por trata de personas y se cree que está vinculado a otros casos.
“La simple visualización del niño denotaban que las causas (de la muerte) no podía ser un paro”, comentó Del Castillo.
Es así que las pesquisas apuntan a la funeraria para establecer el trámite que realizó para proceder con las exequias. Cuando hay sospechas de un crimen el notario y los personeros de los servicios fúnebres deben llamar a la Policía. En este caso no lo hicieron.
Los agentes se trasladan hasta ese lugar y logran evidenciar la conformación de una “red de protección” del crimen denunciado por el padre de la víctima.
Guzmán M. P., Jimena Raquel M. L. y Lizeth M. L. que están a cargo de la funeraria “facilitaron el certificado médico único de defunción”.
Los agentes también aprehendieron a Felipa Benigna R. A. y logran colectar la copia del certificado de defunción, “documento que refiere que la causa de la muerta es el paro cardio respiratorio”, señaló del Castillo.
Los responsables de la funeraria, de la oficialía de Registro Civil, la madre y Edwin T. S., padrastro de la víctima, están aprehendidos y en las próximas horas serán puestos ante un juez cautelar que definirá su situación legal.