Foto: Cortesía Rubén Rodríguez. / Los autos chutos circulan en Chimoré, trópico cochabambino.
LA ENTRADA EN VIGENCIA DE DOS DECRETOS DIFICULTA EL ACCESO A LOS CARBURANTES EN LA ZONA
En el trópico de Cochabamba hay 15 estaciones de servicio que no logran abastecer la demanda debido al desvío de gasolina y diésel. Pobladores de la zona atribuyen la escasez y especulación a tres factores.
El narcotráfico, la circulación de autos chutos y la piscicultura mueven el contrabando de combustibles en el Chapare, la zona cocalera de Bolivia. Las 15 estaciones de servicio del trópico no logran abastecer la demanda por el desvío de los carburantes al mercado ilegal o con fines ilícitos.
“Los vehículos indocumentados son los que compran gasolina de los puntos negros. Estos vehículos ingresan a las zonas accidentadas o inaccesibles. La forma de trabajar ha cambiado, ahora todo es con máquinas y para que el motor funcione se necesita gasolina, especialmente las bombas para los peces, consumen mucha gasolina”, afirmó Marcial C., quien tiene su chaco de coca y está afiliado a un sindicato de Puerto Villarroel.
También contó que es habitual observar que camiones ingresan a los montes luego de abastecerse de combustible en los surtidores. “¿Qué van hacer con tanta gasolina o diésel en el monte? Eso es para el narcotráfico. Eso lo usan para fabricar cocaína o para transportarlo”, declaró.
A mediados de abril, el Ejecutivo promulgó los decretos supremos 4910 y 4911, que tienen la finalidad de luchar contra el contrabando de combustibles en el país mediante la fijación de límites máximos de carguíos.
La Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó en Cochabamba, a principios de año, que un vehículo cargaba a diario 2.000 litros de gasolina. El chofer iba todos los días de surtidor en surtidor para cargar de 50 a 80 litros debido a que antes no existían restricciones.
Luego, tras un seguimiento, la ANH identificó 50 motorizados que cargaron hasta 4,4 millones de litros en tres meses. El caso es investigado por la Fiscalía.
La Asociación Nacional de Surtidores (Asosur) rechazó los decretos porque dicen que ponen en riesgo sus inversiones.
“Asosur nos declaramos en estado de emergencia ante la promulgación del Decreto Supremo 4910 y las resoluciones administrativas que lo reglamentan, porque ponen en riesgo nuestras inversiones, exponiéndonos al peligro de ser intervenidos y ser expulsados de nuestras instalaciones”, dice su comunicado.
Mercado negro
Germán pertenece desde hace cinco años a un sindicato de mototaxis de Villa Tunari. Su moto tiene B-Sisa pero admite que en algunas oportunidades, en ferias o fechas festivas, tuvo que recurrir al mercado negro para comprar gasolina debido a que el combustible se agotó en las estaciones de servicio.
“Para la Feria del Pescado vinieron muchos turistas con sus vehículos y varios buscaban gasolina y diésel. Al mediodía ya no había nada en los surtidores. Entonces, uno se ve en forzado en buscar de otros lados porque sólo en esas fechas hay bastante trabajo y no se puede dejar de recoger pasajeros”, aseguró Germán.
El precio oficial del litro de gasolina en todos los surtidores del país es de 3,74 bolivianos, pero los revendedores o contrabandistas de combustible lo comercializan entre seis y 10 bolivianos, según la temporada.
“Esa vez yo compré a 6,50 el litro porque la doñita me conoce. Pero sé que a otros, a los de afuera, les estaba vendiendo hasta en 10 bolivianos”, añadió.
Marcial, otro entrevistado, explicó cómo se abastecen de combustible los “puntos negros” o contrabandista en el Chapare. “Una persona con un vehículo particular suele cargar 150 bolivianos, pero no termina todo y el resto lo vende. Así hacen muchos”, manifestó.
En la carretera hacía Santa Cruz, sobre todo en los municipios del Chapare, es habitual observar letreros con el anuncio: “Se vende gasolina”. Algunos “puntos negros” están ubicados a pocos metros de los surtidores y son los sitios de abastecimiento para los vehículos indocumentados que no tienen el B-Sisa.
Marcial estimó que de 10 vehículos que circulan en el trópico, hasta seis no cuentan con documentos.
Es normal observarlos en los centros poblados, en las sendas, chacos y comunidades, pero no se aproximan a las grandes ciudades porque corren el riesgo de que se los decomisen en las trancas o retenes policiales, aunque muchos burlan los controles.
Germán contó que su hermana se compró un Toyota Corolla chuto modelo 2000 de la playa de indocumentados en Ivirgarzama, a 3.900 dólares. El principal inconveniente es que no puede comprar gasolina de los surtidores porque el sistema exige el registro de una placa, por lo que va al mercado negro.
La Cámara Automotor Boliviana estima que en el país circulan 400.000 motorizados sin papeles, mientras que la Federación de Propietarios de Autos Indocumentados buscaba la nacionalización de 200.000 vehículos, una petición que ya fue descartada por el Ejecutivo.
El 14 de abril el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina informó que el 80% del combustible que se desvía en el país a actividades ilícitas va dirigido para los autos chutos, minería ilegal, bidoneros y revendores.
Narcotráfico
La gasolina y diésel son precursores básicos para la fabricación de cocaína en el Chapare. En reiterados operativos de la fuerza antinarcóticos, la ANH y Yacimientos Petrolíferos Fiscales decomisaron camiones cisternas y vehículos que transportaban de manera ilegal ambos combustibles. Identificaron el desvió en barcazas de hasta 300.000 litros de gasolina que serían destinados a factorías de cocaína.
Alimentos
El mercado negro de los carburantes también es motivado por los productores y piscicultores del Chapare. Hace poco denunciaron que debido a las restricciones de los decretos 4910 y 4911, se ven en la necesidad de adquirir carburantes de puestos ilegales, según la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC).
Los sectores afectados y que necesitan combustible son los productores bananeros, de palmito, piña, cítricos, yuca, arroz y piscicultores, que necesitan gasolina y diésel para sus máquinas.
El presidente de la CAC, Rolando Morales, indicó que en el trópico al menos 22.000 familias se dedican a la producción de banano de exportación; de piña y palmito otras 5.000 familias; de cítricos, yuca y arroz: 7.000 familias, y se estima que existan más de 5.000 piscinas para la crianza de peses como tambaquí, pacú, trucha, pejerrey y surubí.
“Necesitan un promedio de cinco litros de gasolina cada día, por productor, para que funcionen las rociadoras de cultivos. Hay combustible, pero lo que pedimos es una reunión de socialización sobre los nuevos decretos”, sostuvo Morales.
Los piscicultores usan bombas para oxigenar sus tanques o criaderos de peces. Una bomba consume hasta 20 litros al día.
Los productores cuentan con autorización de la ANH para abastecerse de combustible de los surtidores, pero debido a las limitaciones de los decretos no pueden adquirir las cantidades suficientes para continuar con la producción de los alimentos.