Foto: APG-archivo. / Luis Fernando López, al fondo, y Arturo Murillo, en 2020.
La Razón conoció el “acuerdo de declaración” que el otrora ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, firmó con las autoridades estatales y judiciales de Estados Unidos.
El acuerdo de aceptación de culpa que firmó Arturo Murillo ante las autoridades judiciales de Estados Unidos consigna incluso su posible deportación obligatoria.
Así lo señala el punto 18 del “acuerdo de declaración” firmado entre el ministro de Gobierno de la administración de Jeanine Áñez y distintas oficinas de Washington.
Según el documento de 20 puntos al que accedió La Razón, Murillo sabe que su culpabilidad “tiene consecuencias en relación a su estatus migratorio, si es que no es ciudadano estadounidense”.
Deportación
“De hecho, debido a que el acusado se declara culpable del delito de conspiración para lavado de dinero, la deportación es presumiblemente obligatoria”, señala el documento.
«No obstante, el acusado asume que la deportación y otras consecuencias migratorias son objeto de un procedimiento separado y que nadie, incluso el abogado de la defensa o la Corte, pueden anticipar con certeza el efecto de la sentencia en contra de la situación migratoria del acusado”, complementa.
El 20 de octubre, en la Corte Federal de Miami, Estados Unidos, el otrora hombre fuerte del gobierno de Áñez se declaró culpable de “conspiración para lavado de dinero”.
Según las leyes federales, Murillo se arriesga a una sentencia de hasta 10 años de prisión, cargo que le será comunicado en una audiencia el 4 de enero de 2023.
Detención
El exministro fue detenido en Estados Unidos junto a su otrora jefe de gabinete, Sergio Méndez, entre el 21 y 22 de mayo de 2021.
Ambos fueron acusados de soborno e intento de lavado de dinero, delitos federales considerados graves en aquel país.
El caso se derivó de uno denunciado en Bolivia, la compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos al comenzar el gobierno de Áñez.
Denuncia
Según denuncia del periodista Junior Arias, Murillo y su entonces colega de Defensa, Luis Fernando López, negociaron la compra del material antidisturbios a través de una firma intermediaria.
Lo hicieron a través de Bravo Tactical Solutions (BTS), que pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por el lote de gases lacrimógenos y material antimotín.
Sin embargo, de acuerdo al contrato, el Estado boliviano dispuso de $us 5,6 millonespara la adquisición. Se presume que el sobreprecio fue de $us 2,3 millones.
Sobreprecio
Fue dicho sobreprecio el que se repartieron Murillo, Méndez y aparentemente López, conjuntamente con sus cómplices intermediarios.
En enero de 2020, el Ministerio de Defensa intentó transferir a Estados Unidos los $us 5,6 millones a través del Banco Central de Bolivia.
El 29 de enero, el JP Morgan Chase Bank rechazó ese pago debido a sospechas sobre la cuenta de BTS que había sido abierta tres días antes.
Segundo intento
Sin embargo, en un nuevo intento el 17 de marzo, consiguió enviar el dinero dividido en dos partidas: $us 3,9 millones para BTS y $us 1,7 millones para otros “pagos y gastos”.
Son los antecedentes que obligaron la actuación de las autoridades estadounidenses contra Murillo y sus cómplices.
“El demandado también entiende y reconoce que el tribunal puede imponer una pena de prisión de hasta 10 años, seguida de una pena de libertad supervisada de hasta tres años”, dice el acta.
Cómplices sentenciados
Los cómplices de Murillo también se declararon culpables y ya fueron sentenciados por los mismos delitos atribuidos al exministro.
Philip Lichtenfeld ya fue sentenciado a 26 meses de prisión, una multa de $us 75.000; Bryan y Luis Berkman, a 28 meses de cárcel, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Y Méndez fue sentenciado a 42 meses de prisión y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Acta
La aceptación de culpa de Murillo tiene cláusulas duras no solamente en torno a la sentencia, sino también a la confiscación de sus bienes y una sanción fuerte por su condición de funcionario de alto nivel.
Firmaron el acta como contraparte de Murillo representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la División Criminal, Sección de Fraude, y la Oficina del Fiscal del Estado para el Distrito Sur de Florida.
/RI/Fuente: La Razón